Lo cierto es que para el ciudadano de a pie, el campo de batalla en que se ha convertido Tijuana está muy lejos de ser un asunto ajeno y no es para menos, las casi dos mil muertes violentas en los últimos catorce meses, el incremento en robos y asaltos a transeúntes, casas habitación y vehículos, no los deja fuera de la problemática.

El incremento en la drogadicción y el involucramiento de menores y mujeres en el crimen común y organizado es tan grave que roba la tranquilidad a cualquiera que no esté protegido por los escoltas de los gobernantes.

Decir que es un asunto entre delincuentes es querer tapar el sol con un dedo, es como aceptar que dos grupos de delincuentes se enfrenten a balazos en medio de la sala de tu casa frente a tus hijos y quedarte indiferente porque al cabo “es entre ellos”.

El problema es que “ellos”, los delincuentes, se encuentran empoderados, pueden y hacen lo que quieren porque al final, las posibilidades de ser sancionados son muy pocas, además de que la escasa efectividad, capacidad y voluntad con que los cuerpos operativos de las policías han implementado el nuevo sistema de justicia penal ha beneficiado la acción de quienes se ríen de la ley.

En estas condiciones el ciudadano común se encuentra en un creciente estado de indefensión. Cada quien se protege como puede, algunas comunidades ya se han organizado para defenderse, ante la incapacidad de quienes deber garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.

Mientras se empujan los cambios los ciudadanos tendrán que hacer entender a los gobernantes que el poder de la delincuencia se mantendrá mientras sigan pensando que los asesinatos y vendettas son cosa de ellos y asumir su de una vez por todas su responsabilidad que al final de cuentas esa sí, es un asunto de todos.