Tijuana, B. C., a 3 de octubre de 2021.- La participación social informada, documentada y oportuna no solo es vital para que los gobiernos no se alejen de la ciudadanía, sino que puede incidir sanamente en las políticas públicas para alcanzar el desarrollo sustentable en Baja California.

Así lo dijo el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Estado, resaltando que la participación social es una manera de que la propia comunidad defienda, aproveche y cuide espacios públicos, como parques, áreas verdes y otros recursos naturales.

“Valdría la pena pensar seriamente que la participación social informada, oportuna, documentada, serena, puede incidir sanamente en las políticas públicas y debe tener -como lo tienen otros temas- un cauce institucional adecuado para que los gobiernos no se alejen y estén siempre acompañados de la ciudadanía”, afirmó.

Señaló que la SDS, una dependencia que es parte de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) del Estado, ha trabajado de cerca con el Consejo Estatal de Protección Ambiental (CEPA) y con la Red Ambiental de Baja California, organismos que han aportado a la toma de decisiones.

“En estos dos años para los que fue electa la actual administración estatal, hemos interactuado no solo con el CEPA, sino con las organizaciones civiles que integran la Red Ambiental de Baja California, quienes nos han ayudado a reflexionar sobre los temas y a tomar mejores decisiones”, comentó.

Recordó que, en 1992, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo estableció una serie de principios, uno de los cuales afirma precisamente que “el mejor modo de tratar los problemas medioambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que les corresponda”.

Zavala Álvarez precisó que en las ya casi 40 sesiones del Seminario Permanente de Desarrollo Sustentable, que se transmite los jueves por la tarde en las redes sociales de la SEST y del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), los expertos expositores han coincidido en que la participación ciudadana es clave.

Recordó que Francisco Chapela Mendoza, asesor en la asociación Estudios Rurales y Asesoría Campesina, expuso en el Seminario el tema “Biodiversidad, bosques y pueblos indígenas”, hablando de pueblos originarios y su sentido de pertenencia al bosque, esa relación intima con el hábitat donde han vivido mucho tiempo.

“Hasta en los dibujos o la historia gráfica de estas comunidades se ve cómo ellos están dentro del bosque, mientras que los urbanos lo vemos como un paisaje, como una postal lejana; en ellos la relación con su hábitat es bio-cultural, cómo aprovechan y cuidan a las plantas y animales, considerando su conservación”, dijo.

Agregó que en la sesión del 30 de septiembre, Rosendo Cano Gómez, consultor de proyectos forestales en silvicultura comunitaria, coincidió en que la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales pasa por el conocimiento, uso y aprovechamiento de la comunidad que habita el sitio, ese conocimiento milenario.

Zavala Álvarez destacó que diversas exitosas experiencias de sustentabilidad que prueban lo vital de la participación social, como es el caso de El Manglito, en Baja California Sur, que fue el tema de la sesión del 23 de septiembre, a cargo de Alejandro Robles González, presidente de la asociación Noroeste Sustentable.

Alejandro, comentó el subsecretario, nos habló de ese barrio pesquero en la parte norte de la bahía de La Paz, en el cual había depredación con prácticas ilegales, hasta que la comunidad se dio cuenta de que se estaba destruyendo a sí misma y se organizó a través de campañas, banderas y otras acciones.

“Fueron al rescate de sus recursos naturales, los defendieron con determinación y hoy tienen el capital social necesario para conservar ese capital natural; cuando hay esa estructura, ese tejido social fuerte, puede venir el aprovechamiento económico sustentable, rentable, de sus recursos naturales”, explicó.

Añadió que en Baja California existe desde inicios de los años noventa el Consejo Estatal de Protección Ambiental, que empezó con una estructura ciudadana mayoritaria, pero la administración del exgobernador Eugenio Elorduy pensó que no era posible la gobernanza con más votos ciudadanos que de gobierno y los redujo.

“Cambió su composición, lo que hicieron fue disminuir las sillas ciudadanas; ahora hay un ciudadano por municipio y el resto son funcionarios públicos de las diversas dependencias; se sumarán 2 ciudadanos con los nuevos municipios de San Quintín y San Felipe, pero valdría la pena aumentar más las sillas ciudadanas”, opinó.

Como un buen ejemplo de participación social documentada, plural, democrática y representativa, recordó el papel que cumplieron por 20 años los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), que operaban en núcleos estatales y también había uno para cada una de las 6 regiones del país.

Tuve el honor, recordó, de dirigir por 8 años el CCDS en la Región Noroeste del país, desafortunadamente la administración del presidente Enrique Peña Nieto y de Rafael Pacchiano en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales los extinguió, acabó con la sólida base social que tuvo la Semarnat por más de 20 años.

“Valdría la pena recuperarlos, interactuábamos de forma horizontal el sector empresarial, el sector indígena, jóvenes, defensores de la equidad de género, académicos, ambientalistas y organizaciones civiles, siete sectores representados en núcleos estatales y en las seis regiones del país”, consideró.

Hacían, finalizó, una contraparte para la Semarnat y permitían un encuentro crítico, civilizado, sereno, tolerante a la diversidad, donde se discutían y se hacían recomendaciones directas a las autoridades, además de que eran un espacio para la catarsis y hasta servían como alerta temprana de conflictos sociales.